Las razones no son políticas, pero aquí se siguen registrando desapariciones forzadas. Los casos involucran a diferentes cuerpos policiales y a la Fuerza Armada, mientras la justicia mira a otra parte.
Por Oscar Medina
EL UNIVERSAL
domingo 9 de diciembre de 2012 12:00 AM
Aunque nadie sabe dónde están siguen ahí: herida que no sana, deuda pendiente, incertidumbre. De ellos solo hablan sus familiares que viven esperando y algunos pocos que intentan ayudar. Esa porción de realidad es arropada por la abrumadora estadística de otra violencia: 19 mil homicidios en el país durante el año pasado y 9.510 apenas durante el primer semestre de este 2012 que termina rumbo a un nuevo récord.
Frente a eso, ¿qué son 132 personas reportadas como desaparecidas entre los años 2000 y 2011 según los registros de Provea? ¿O las 61 desapariciones forzadas en el estado Barinas que acumula el Comité Paz y Vida? Podrá lucir como poco, pero son 132 historias inconclusas, 61 relatos truncados, con algunos rasgos comunes como la participación -presunta o demostrada- de funcionarios policiales o de la Fuerza Armada. Y son, además, evidencia y síntoma de males de vieja data.
Entre octubre de 2011 y agosto de 2012 la ONG Cofavic ha acompañado a los denunciantes de 28 casos de ejecuciones extrajudiciales, un delito muy vinculado al de las desapariciones. Y entre enero y agosto de 2012, su monitoreo de prensa arroja 271 episodios de violaciones a los derechos humanos, recuento que incluye 236 ejecuciones y 7 casos de desapariciones forzadas.
Las cifras, de cualquier manera, reflejan un subregistro, tanto por las ya acostumbradas trabas a la información oficial, como por las definiciones de lo que es una desaparición forzada.
De acuerdo a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ONU), se trata de "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por persona o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desparecida, sustrayéndola a la protección de la ley".
La desaparición forzada de personas es considerada como delito de lesa humanidad en el ámbito del Derecho internacional y eso le confiere carácter de imprescriptible. También es un delito "continuo": mientras la persona esté desaparecida, para efectos legales, el delito se sigue cometiendo.
El libro "Atención integral a víctimas de tortura en procesos de litigio", del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, establece las diferentes modalidades de desaparición forzada que, en resumen, atienden a criterios como: desaparecidos definitivamente o temporalmente; desaparecidos asesinados identificados o sin identificar; y desaparecidos supervivientes sin identificar.
También recoge la definición del siniestro dictador argentino Jorge Rafael Videla: "No están ni muertos ni vivos, están desaparecidos".
Veteranos del mal
Cuando se habla de este tema la primera referencia que asoma es la de las dictaduras del Sur del continente. Y no es para menos: esa fue una de las estrategias más terroríficas empleadas por los regímenes militares para contener a sus enemigos políticos.
Y por eso es que quizás no se entiende muy bien cuando se dice que en Venezuela sí hay desaparecidos: porque la causa no es política. Sin embargo, conocedores de la historia reciente advierten que el nuestro fue probablemente el país pionero en ciertas prácticas aprendidas de eso que se llamó la Escuela de las Américas.
"Las desapariciones forzadas por parte de los Estados comenzaron en la década de los años 60 en Venezuela", señala Raúl Cubas, activista por los derechos humanos, miembro fundador de Provea y víctima él mismo en su Argentina natal: "La fuerza armada las usó para combatir a la guerrilla. Son conocidas las denuncias de desapariciones, de torturas, de personas lanzadas desde helicópteros a zonas selváticas. Es decir, eso que se vio en el Cono Sur ya había sido practicado aquí y en Guatemala".
Marino Alvarado, director de Provea, recuerda el libro Expediente Negro, de José Vicente Rangel, que denuncia las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1960 y 1970: "Los años 61, 62 y 63 fueron los más intensos en cuanto a desapariciones forzadas atribuidas a las fuerzas armadas", precisa Alvarado.
La política de pacificación desarrollada por Rafael Caldera en su primer gobierno (1969-1974), puso freno a los desmanes. Pero considerando la evidente presencia del pensamiento militar en los cuerpos policiales, no tardarían mucho en aparecer nuevos casos ahora más bien vinculados a concepciones de "profilaxis" social.
Raúl Cubas cita como emblemático el episodio conocido como "los pozos de la muerte". El 8 de marzo de 1986 se hizo público el hallazgo de una fosa con cadáveres en el Municipio Urdaneta, del estado Zulia. Los diputados del MAS, Carlos Tablante, Rafael Guerra Ramos y Luis Hómez recibieron una denuncia muy precisa y se trasladaron al lugar en el que, finalmente, encontraron los restos de al menos seis personas desaparecidas, asesinadas por agentes policiales. Para la época se hablaba de unos 30 desaparecidos y las sospechas caían sobre la Policía Técnica Judicial.
"Durante los sucesos del Caracazo y los deslaves en el estado Vargas también se reportaron desaparecidos", apunta Cubas otros momentos en los que se echó mano nuevamente de la vieja estrategia: "En las dos oportunidades la mayoría de los casos tienen las mismas características: presuntos delincuentes desaparecidos por cuerpos policiales o por la Guardia Nacional o la Fuerza Armada".
La fosa común en el sector La Peste, del cementerio general del Sur, se encontró en 1990. Familiares de los desaparecidos en febrero de 1989 pelearon hasta conseguir que se abriera. Se determinó que 68 de los 130 cadáveres correspondían a gente asesinada durante el Caracazo. En 1991 se identificaron tres cuerpos y se paralizaron las investigaciones.
En 2009 se exhumaron nuevamente los cuerpos en procesos que no contaron con la participación de los familiares. Se determinó que 47 osamentas de las 125 encontradas esa vez, están relacionadas con los hechos del Caracazo. ¿Y el resto? Muertos y desaparecidos.
En diciembre de 1999, durante la tragedia ocurrida en la costa de Vargas, desaparecieron Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández. Estos casos, que involucran al Ejército y a agentes de la Disip, se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 28 de noviembre de 2005 la Corte falló a favor de los demandantes y el Estado venezolano fue encontrado responsable, entre otras cosas, de las desapariciones forzadas de estas personas. Desde entonces Venezuela tiene la deuda de aclarar -o al menos investigar con seriedad- lo que ocurrió durante esos días.
Ambiente propicio
Eso que tuvo momentos picos en febrero de 1989 y en diciembre de 1999, se reedita en nuevo contexto. Tras un periodo de pocas denuncias, en 2004 la estadística de Provea muestra 11 casos de desapariciones forzadas. En 2005 y 2006 anotan 17 denuncias por cada año. En 2007 fueron 15. En 2008, bajaron a 7 y al año siguiente apenas 3. Pero en 2010 se disparó el registro a 39 reportes de desapariciones forzadas a lo que se suman otras 10 de 2011.
"Lo que ocurrió en los 60 nunca fue sancionado ni juzgado. Y la práctica de las desapariciones quedó en el imaginario de los malos funcionarios y de los malos militares como la mejor manera de salir de un adversario", dice Raúl Cubas: "Cuando la delincuencia se convierte en un problema grave, algunos funcionarios decidieron recurrir a esto porque aquí no hay control ni sanción".
Claudia Carrillo, coordinadora del área de atención psicosocial a las víctimas de la ONG Cofavic, recuerda sobre el auge de los grupos parapoliciales entre los años 2000 y 2004: "Eran tantas las víctimas que comenzaron a organizarse en comités. Hoy tenemos comités constituidos en Falcón, Lara, Aragua, Anzoátegui, Barinas, Guárico y Yaracuy. En Portuguesa no se logró conformar porque la situación era muy difícil para los familiares".
La impunidad, se sabe, es el marco idóneo. Y eso, campea por acá. En noviembre Cofavic presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos algunos números del Ministerio Público y del Ejecutivo: entre 2006 y 2010 se presentaron a la Fiscalía más de 30 mil casos de violaciones de derechos humanos. Solo 4% resultaron en condenas firmes. El año pasado fueron 8.813 casos: 97% quedaron bajo la figura de sobreseimiento o archivo fiscal.
"El elemento clave es la impunidad", dice Carrillo: "En casi todos los casos hay información, hay elementos que pudieran haber llevado a una investigación. Pero no lo hacen".
La estadística que maneja Raúl Cubas reseña más de 300 personas muertas por acciones de la Fuerza Armada desde 1997: "Más de la mitad ha sido responsabilidad de las Guardia Nacional. Eso no sucede en ningún país democrático porque las fuerzas armadas no se encargan de la seguridad pública".
Cubas habla de una cultura de la violencia, de nefastas prácticas policiales arraigadas y reforzadas por el pensamiento militar. Y de la capucha: "Con la excusa de proteger la identidad del detenido, a las personas se les presenta y traslada con capuchas que tienen incluso logos de la Guardia. En las instancias internacionales se considera el uso de capuchas como tortura. La capucha es lo primero que le ponen a un desaparecido".
Marino Alvarado añade otro elemento al cuadro: "Hay una gran indiferencia sobre esto. Aquí se está desapareciendo a personas y no se ve interés por detener esa práctica. Es verdad, antes era por razones políticas y ahora no, pero igualmente son violaciones a los derechos humanos. Y es decepcionante que la gente de izquierda que durante años denunció las desapariciones por motivos políticos, en su gran mayoría sean indiferentes a las desapariciones de hoy".
